En los últimos años, se han logrado avances significativos en la lucha por la igualdad de género, como la aplicación de medidas de paridad en la representación política en varias naciones. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa ha logrado la igualdad de género, lo cual es un ejemplo sobresaliente. No obstante, a pesar de tales avances, la violencia política contra las mujeres aún constituye un importante obstáculo que restringe su participación plena en la esfera pública y política.
La violencia política de género se define como acciones que buscan coartar la participación de las mujeres en la vida política. Las acciones pueden ir desde amenazas y hostigamiento hasta campañas de difamación, agresiones físicas o simbólicas, y limitaciones en el acceso a recursos dentro de los partidos políticos. El propósito es disuadir la presencia de mujeres y mantener las jerarquías de poder controladas principalmente por hombres.
A nivel mundial, las mujeres siguen siendo afectadas por la violencia política. De acuerdo a información de la Unión Interparlamentaria, cerca del 50% de las mujeres políticas encuestadas en 39 países reportaron haber sido objeto de amenazas de muerte, violación o agresiones mientras estaban en su cargo. Asimismo, el 20% de ellas informó haber experimentado acoso sexual en el ámbito de su labor política.
En América Latina, la situación es especialmente preocupante. Entre 2019 y 2021, más de 2.300 casos de violencia política contra mujeres en América Latina fueron registrados por el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, mostrando los peligros que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
Aunque enfrenta estos retos, Costa Rica ha logrado progresos significativos en cuanto a la equidad política. En el año 2022, la Asamblea Legislativa logró la equidad de género con un porcentaje del 46% de diputadas, lo que situó al país como uno de los más igualitarios en la región. Sin embargo, la violencia política todavía está presente. En los últimos años, ha habido informes de mujeres políticas costarricenses siendo acosadas, descalificadas y objeto de campañas de desprestigio. Un reporte del Tribunal Supremo de Elecciones y el INAMU encontró que muchas mujeres han sido afectadas por violencia política, siendo objeto de comentarios sexistas y dudas sobre su competencia profesional debido a su género.
El alcance de esta violencia trasciende el daño personal, puesto que desmotiva a múltiples mujeres a involucrarse en la esfera política y restringe su habilidad para actuar de forma independiente y sin miedo.
¿Qué se puede hacer?
Para combatir la violencia política hacia las mujeres, es necesario implementar una serie de medidas, entre las que se incluyen:
Reformas legales: Muchos países ya han aprobado leyes contra la violencia política hacia las mujeres, pero es necesario garantizar su implementación efectiva. En Costa Rica, el Código Electoral penaliza la violencia política, pero los esfuerzos de monitoreo y sanción deben fortalecerse.
Capacitación y sensibilización: Los partidos políticos y las instituciones públicas deben promover programas de sensibilización sobre la violencia de género en la política para generar conciencia y cambiar las actitudes culturales que perpetúan estas conductas.
Protección y apoyo: Se deben crear mecanismos de apoyo para mujeres políticas que enfrenten violencia, desde redes de seguridad hasta protección legal y psicológica.
Aunque en muchos lugares se han logrado avances importantes, como la paridad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la violencia política sigue siendo una barrera significativa. Para alcanzar una verdadera equidad en el ejercicio del poder, es fundamental erradicar todas las formas de violencia de género y garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en la vida política sin temor a represalias.
La lucha contra la violencia política hacia las mujeres es esencial para construir una democracia más inclusiva y equitativa. Solo cuando las mujeres puedan ejercer su poder político en condiciones de igualdad, estaremos más cerca de una sociedad justa y democrática.
Comments